La Declaración de Autonomía

Tener la premiere de los indicadores que año a año prepara Agustina Lonardi junto al equipo de la Fundación Libertad, significa un privilegio que aprovecho para reflexionar sobre nuestro federalismo.

Es notable que un país que vivió una guerra civil de más de 20 años para decidir entre un modelo federal y otro unitario haya caído de una forma tan patética en el cinismo de la palabra.

El fin del gobierno del primer periodo Kirchner y el comienzo del segundo, marcó el punto más alto en el retroceso del federalismo en la Argentina. Superpoderes, aumento de retenciones dos veces durante una misma cosecha y sin ley de coparticipación. Los recursos administrado por el gobierno nacional alcanzaron el 80% de la totalidad de los recursos del sector publico.

A este hito hay que sumarle la mayor presión tributaria de la historia de la Argentina y tendremos el cuadro completo del grado de poder económico que acumuló Kischner hacia principios de 2007.

Salvo la ciudad de Buenos Aires, ninguna recaudación de alguna otra jurisdicción llega al 50% de sus ingresos corriente. No es de extrañar que, incluso las supuestamente opositoras Santa Fe y Tierra del Fuego se alinearan a los designios del poder central.

Entonces sobrevino la resolución 125. Y el sector productivo más moderno de la argentina, aquel que nunca tuvo subsidios, que permanentemente ha tenido que lidiar con precios internacionales fluctuantes y con gobiernos insaciables, encaró una epopeya institucionalizadora que obligó a la clase política, la supuestamente dirigente, a alinearse detrás de él.

Desde entonces la argentina vivió una guerra de desgaste que finalizó el 28 de junio con la derrota del poder central en las urnas.

Nestor Kirchner ha sido derrotado, pero el modelo centralista pseudo-federal que lo precedió sigue incólume y corre riesgo serio de continuar una vez que el haya abandonado el poder.

Esto es así porque el sistema desde el punto de vista de los incentivos que lo dominan es estable. El gobierno central se hace de los recursos y los reparte a las provincias con discrecionalidad. Obviamente, para el gobierno central esto es virtuoso, ya que cada partida es una herramienta de subordinación para propios y extraños.

Pero lo notable es que esto también funciona para las provincias quienes en tiempos de bonanza recibirán lo suficiente siempre y cuando respondan con sumisión. Y en tiempos de escasez dejarán que el costo lo pague la caída del dictador de turno.

Los gobiernos provinciales pueden ser irresponsables, ya que toda la culpa recae en quien discrimina el gasto. Intentar rebelarse significaría encarar reformas, formular políticas, reclamar cambios, modificar tributos, pedir sacrificios, pagar costos. Y nada es más pavoroso para un gobernador que tener que pagar costos.

De todas maneras la rebelión no parece una alternativa para la hiperracional evaluación de un político argentino. El político argentino es un sobreviviente que sabe que la audacia es internarse en mares poco amigables para sus frágiles embarcaciones.

Se avecinan tiempos de mala. A la recesión que tristemente intenta ocultar el Indec hay que sumarle la casi obligada baja en las retenciones que sobrevendrá como tributo a quien lucho su guerra. Ya sin superpoderes el gobierno quedará a merced de la lucha corporativa que, dura en tiempos de abundancia, es inclemente en épocas de crisis.

Arreciarán los reclamos sindicales, los pedidos de devaluación de los sectores que vayan perdiendo competitividad, los rojos presupuestarios y la creatividad contable. Lo que no aparece en el horizonte es un reforma tributaria que de nueva vida al federalismo.

Está faltando una declaración de autonomía de las provincias. Y esa declaración debería sostenerse en el manejo de sus propios recursos, en la madurez de hacerse cargo de la recaudación.

El año pasado tuve la oportunidad de visitar Gipúzkoa. Y en una muy interesante entrevista con un diputado me contó como todo su movimiento nacionalista había nacido a partir de que el gobierno de Madrid le había revocado sus fueros. Esto es, el privilegio de los países vascos para recaudar sus propios impuestos.

El sistema de coparticipación devalua al federalismo y los superpoderes y la concentración tributaria son su certificado de defunción. Las provincias recuperarán su autonomía sólo si se hacen cargo de su responsabilidad tributaria.

El una decisión que requiere cierto grado de coraje porque la responsabilidad del gobierno empieza a caer en cada provincia, pero como alguna vez dijo Albert Camus; “no hay azar en elegir lo que a uno lo deshonra”.